Las fuerzas de seguridad venezolanas han “maltratado” y
“torturado” de forma “generalizada y sistemática” a manifestantes y detenidos,
denunció hoy la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. La Patilla
“Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y
degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían
ser definidos en varios casos como tortura”, afirmó la portavoz de la Oficina,
Ravina Shamdasani, en rueda de prensa al agregar que “estos no fueron casos
aislados”.
Además, denunció que la destitución de la fiscal general de
Venezuela, Luisa Ortega, es una muestra más de la ruptura del estado de derecho
en el país.
“La destitución de la fiscal general está en la línea de lo
que hemos estado denunciando, que el estado de derecho en el país se ha roto y
la fractura se está ahondando”, afirmó en una rueda de prensa la portavoz de la
Oficina, Ravina Shamdasani.
La portavoz explicó que tras intentar en vano que un equipo
de investigadores pudieran tener acceso al país para poder pesquisar in situ
sobre lo que está ocurriendo, el alto comisionado para los Derechos Humanos,
Zeid Ra’ad Al Hussein, decidió enviar a Panamá un grupo de expertos que
hicieron su trabajo a distancia.
“Las entrevistas realizadas sugieren que en Venezuela ha
habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones
arbitrarias contra los manifestantes”.
“Las conclusiones del equipo indican la existencia de un
patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos
violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en
relación con las protestas”, subrayó la portavoz.
Según contaron los testigos, las fuerzas de seguridad,
principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional
Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, “emplearon
sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a
los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran”.
Shamdasani recordó que hasta el 31 de julio, la Oficina de
la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las
manifestaciones.
Según el análisis del equipo de investigadores, “las fuerzas
de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los
grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían
responsables de otros 27 fallecimientos”.
La Oficina de la Fiscal General investigaba también al menos
1.958 casos de heridos, aunque el número real de personas que han sufrido
lesiones podrían ser mucho mayor.
La portavoz denunció que de la información compilada se
desprende que los colectivos armados, montados en motocicletas, suelen atacar y
acosar a los manifestantes.
“En determinados casos también les disparan con armas de
fuego”, puntualizó.
Asimismo, Shamdasani denunció que a pesar de no disponer de
estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más
fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las
manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron
detención arbitraria.
Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las
manifestaciones.
Ante el caos reinante en el país, los claros indicios que la
situación no va a mejorar a corto plazo y, ante la ausencia de una Fiscalía
independiente y no partidaria, Shamdasani dijo que la Oficina está solicitando
“de forma urgente” una investigación “independiente” sobre las vastas violaciones
a los derechos fundamentales en Venezuela. EFE
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