Polonia se ha enrocado en su
deriva autoritaria. Pese a las durísimas advertencias de Bruselas y la
movilización ciudadana, el Parlamento polaco aprobó ayer una ley que permite al
Gobierno designar y destituir a los presidentes del Tribunal Supremo sin alegar
motivos. La controvertida norma se suma a otras tres que otorgarán al Ejecutivo
ultraconservador Ley Justicia (PiS) —con mayoría absoluta— un enorme poder
sobre el sistema judicial. La vía libre de la polémica ley supone un desafío y
un sonoro desdén del PiS y del Gobierno de Beata Szydlo a la Comisión Europea,
que el miércoles amenazó con activar el proceso que permite suspender el
derecho a voto de Polonia en el seno comunitario —una vía inédita—, si no
paraliza sus reformas.
Pero ni las continuas las
advertencias de las instituciones comunitarias, cada vez más preocupadas por el
camino tomado por el país ex comunista (de 39 millones de habitantes), ni las
críticas de la oposición, que ha tildado la reforma de la Justicia de “golpe de
Estado”, han disuadido al Gobierno polaco. Tampoco han servido de nada las cada
vez más numerosas protestas ciudadanas y las voces de alarma de las
organizaciones de derechos civiles contra estas medidas que socavan la
democracia. Este jueves se ha dado otro paso para el derribo del Estado de
derecho en un país en el que el Ejecutivo del PiS —dirigido en la sombra por el
ex primer ministro y líder del partido Jaroslaw Kaczynski— lleva dos años
reformando y maleando leyes a para acumular cada vez más poder: desde el
Tribunal Constitucional a los medios de comunicación públicos
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